La PINCat y la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña organizaron la jornada centrada en la presentación del dosier "El despliegue de la LOPIVI en Cataluña: de la ley a la protección efectiva", elaborado por la FEDAIA.
El 16 de julio, desde PDA Bullying asistimos al Debate Cataluña Social celebrado en el Palau Macaya de Barcelona.
La jornada, organizada por la Plataforma de Infancia de Cataluña (PINCat) y la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, reunió a representantes institucionales y personas expertas para reflexionar sobre los avances, las carencias y los retos pendientes en la aplicación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).
El acto incluyó una bienvenida institucional, la presentación del dosier «El despliegue de la LOPIVI en Cataluña: de la ley a la protección efectiva», elaborado por la FEDAIA, y una mesa redonda con profesionales de los ámbitos de la protección, la intervención social, el ocio educativo y la salud.
La bienvenida institucional estuvo a cargo de José Antonio Ruiz Montes, coordinador de la PINCat, y Teresa Llorens Carbonell, secretaria de Ciclos de Vida y Ciudadanía del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña.
José Antonio Ruiz situó la jornada en el contexto del quinto aniversario de la aprobación de la LOPIVI, una ley que definió como un punto de inflexión en la manera de entender la protección de la infancia y la adolescencia.
Ruiz remarcó la necesidad de pasar de un sistema principalmente reactivo, que interviene cuando la violencia ya se ha producido, a un modelo preventivo capaz de generar entornos seguros y afectivos en los que los niños, niñas y adolescentes se sientan escuchados, respetados y protegidos.
A pesar de reconocer avances como el despliegue de la figura del coordinador o coordinadora de coeducación, convivencia y bienestar del alumnado (COCOBE) o el modelo Barnahus, también advirtió que la protección efectiva continúa siendo desigual en el territorio catalán y que, con demasiada frecuencia, depende de los recursos disponibles en cada municipio. En este contexto, explicó que desde la PINCat se está analizando la necesidad de actualizar la normativa catalana de infancia para reforzar su dimensión preventiva y dotarla de los recursos necesarios.
Por su parte, Teresa Llorens defendió que la protección de la infancia no es responsabilidad exclusiva de las instituciones, sino una tarea compartida por el conjunto de la sociedad, las familias y las entidades sociales. También destacó la transformación de la estructura administrativa de la Generalitat y la creación de la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia como una apuesta política para situar la prevención en el centro de las políticas públicas.
Su intervención puso de relieve la necesidad de escuchar a los niños, niñas y adolescentes, acompañar a las familias y reforzar la coordinación entre el sector público y el tercer sector para avanzar hacia una auténtica cultura de la protección.
A continuación, Gerard Gracià Capellades, técnico de conocimiento y persona delegada de protección de la FEDAIA, presentó el dosier sobre el estado del despliegue de la LOPIVI en Cataluña.
Uno de los elementos centrales del informe es la distinción entre el despliegue y la implementación de la ley. El despliegue hace referencia a la creación formal de normas, protocolos, servicios y figuras de protección. La implementación, en cambio, permite analizar si estas medidas llegan realmente a los niños, niñas y adolescentes y si los equipos profesionales disponen del tiempo, la formación, los recursos y las competencias necesarias para aplicarlas.
El dosier parte de principios como el buen trato, el interés superior del niño, la participación infantil, la prevención, la detección precoz y la corresponsabilidad. También incorpora garantías vinculadas con la atención integral, la recuperación y la reparación del daño y la prevención de la victimización secundaria.
El análisis aborda ocho ámbitos de actuación: el familiar, el educativo, el sanitario, los servicios sociales, el entorno digital, el ocio educativo y el deporte, la seguridad y los centros de protección. La principal conclusión es que los avances no se han producido con la misma intensidad en todos estos espacios y que el sistema únicamente puede funcionar adecuadamente cuando todas las partes implicadas actúan de manera coordinada.
El ámbito educativo es uno de los que presenta un despliegue más visible. Durante el curso 2023-2024 se designaron más de 3.400 coordinaciones COCOBE, una por centro educativo. A pesar de ello, el dosier señala que todavía es necesario concretar mejor el perfil, las funciones, la formación, la dedicación horaria y los mecanismos de supervisión de esta figura.
El modelo Barnahus también se destacó como un ejemplo de coordinación entre diferentes sistemas para ofrecer una atención integral y evitar que los niños, niñas y adolescentes tengan que repetir el relato de la violencia ante múltiples servicios.
Sin embargo, en otros ámbitos persisten carencias significativas. Entre ellas, las dificultades de acceso a la salud mental infantil y juvenil, la saturación de algunos servicios, la implantación desigual de las figuras de protección en el ocio educativo y el deporte o la ausencia de una estrategia catalana integral frente a las violencias digitales.
A estas dificultades se suma la desigualdad territorial. La capacidad de prevención, detección y respuesta todavía puede variar en función del municipio, de los recursos de la Administración local o de la capacidad de cada entidad. Por este motivo, durante la jornada se insistió en que la protección no puede depender del lugar en el que vive un niño, niña o adolescente ni del espacio en el que se produce la violencia.
El informe también pone sobre la mesa una paradoja importante: las entidades del tercer sector son una pieza esencial para implementar la LOPIVI, pero a menudo no disponen del reconocimiento, la participación en la toma de decisiones ni la financiación estable que corresponderían a la responsabilidad que asumen.
La segunda parte de la jornada consistió en una mesa redonda moderada por Ignasi Aragay, director adjunto del diario ARA, con la participación de Pilar Polo Polo, de la Fundación Vicki Bernadet; Jofre Padullés Plata, de la entidad ISOM y coordinador de la Comisión Barnahus de la FEDAIA; Xavi Nus Garrell, de la Fundación Pere Tarrés, y Mireia Forner Puntonet, del Hospital de Sant Pau.
El debate combinó el reconocimiento de los avances normativos con una mirada crítica sobre las dificultades que continúan apareciendo en la práctica cotidiana.
Pilar Polo defendió una mirada esperanzadora, pero advirtió que la persistencia de situaciones de violencia grave demuestra que el sistema todavía no siempre llega a tiempo. Esta reflexión reforzó una de las ideas transversales de la jornada: es necesario dejar de actuar únicamente después de la violencia y desarrollar estructuras capaces de anticiparse, detectar el malestar e intervenir de manera precoz.
En esta línea, Jofre Padullés planteó la necesidad de diferenciar entre las situaciones de riesgo, en las que existe la posibilidad de que se produzca un perjuicio, y las situaciones de daño, en las que las consecuencias ya se están manifestando. También invitó a ampliar la mirada más allá de las conductas individuales y a tener presentes las violencias estructurales y las relaciones de poder que afectan a la vida de los niños, niñas y adolescentes.
Otro de los grandes ejes del debate fue la escucha de los niños, niñas y adolescentes. Las personas participantes recordaron que un niño o niña no necesariamente explicará una situación de violencia a la figura que institucionalmente tenga asignada esta función, sino a la persona adulta con la que haya construido una relación de confianza.
Por este motivo, la formación no puede limitarse a las figuras específicas de protección. Todas las personas adultas que trabajan o conviven con niños, niñas y adolescentes deben saber reconocer el malestar, acoger una revelación, escuchar sin juzgar y activar los circuitos correspondientes sin convertir esta escucha en un interrogatorio que pueda revictimizar o interferir en las actuaciones posteriores.
También se abordó la reparación del daño. Se remarcó que la violencia no es una enfermedad que simplemente pueda «curarse», sino una experiencia vital que puede tener consecuencias duraderas. Reparar implica acompañar al niño, niña o adolescente para que pueda comprender lo que ha vivido, dejar de situar la culpa sobre sí mismo y atribuir la responsabilidad a quien ha ejercido la violencia.
Mireia Forner destacó que estas experiencias pueden tener efectos sobre la salud física y mental a largo plazo y que, por ello, es necesario garantizar intervenciones especializadas que ayuden a integrar lo vivido y eviten que condicione el desarrollo futuro.
Xavi Nus recordó que el sector del ocio educativo fue pionero en la elaboración de protocolos de buen trato y de prevención de las violencias sexuales, incluso antes de la aprobación de la LOPIVI. Sin embargo, advirtió que este despliegue se ha estancado y reclamó una regulación y una formación más sólidas, así como un mayor reconocimiento de la tarea educativa que desarrollan los equipos de monitores y monitoras.
También puso en valor la proximidad educativa propia del ocio: los monitores y monitoras no son amigos ni amigas de los niños, niñas y adolescentes, pero pueden convertirse en personas adultas de confianza capaces de detectar cambios, escuchar el malestar y activar una respuesta. Para que esto sea posible, deben disponer de acompañamiento y recursos y no sentir que tienen que resolver individualmente situaciones complejas.
En el ámbito de la salud, Mireia Forner defendió una prevención universal que incorpore el acompañamiento a las maternidades y paternidades positivas. También señaló que las consultas médicas y, especialmente, las visitas pediátricas son momentos privilegiados para detectar precozmente posibles indicadores de riesgo o malestar y desarrollar actuaciones preventivas desde los primeros momentos de vida. Para aprovechar esta oportunidad, los equipos profesionales deben disponer de la formación y las herramientas adecuadas.
La conversación también abordó las violencias digitales y cuestionó la idea de que las personas agresoras en internet son siempre desconocidas. A menudo, estas violencias tienen su origen en el entorno de confianza y trasladan a los espacios digitales dinámicas que ya existen en las relaciones presenciales.
En este contexto, se señaló la necesidad de ofrecer una educación sexual accesible, abordar críticamente el acceso a la pornografía y trabajar con los adolescentes las masculinidades tradicionales, el consentimiento y las relaciones de poder desde una perspectiva educativa.
La mesa redonda concluyó con una demanda compartida: consolidar un sistema de protección con más recursos, formación continuada, coordinación entre servicios, sistemas de información compartidos y una participación real de los niños, niñas y adolescentes.
También se reclamó que la Administración reconozca al tercer sector como un agente corresponsable y estratégico, incorporando su experiencia acumulada en la definición de las políticas públicas y garantizando los recursos necesarios para desarrollar esta tarea.
En conjunto, las aportaciones del dosier y de la mesa redonda evidenciaron que el despliegue de leyes, protocolos, servicios y figuras de protección es imprescindible, pero que la protección efectiva requiere traducir estos instrumentos en recursos suficientes, competencias profesionales, circuitos claros y respuestas coordinadas en todo el territorio.